La Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos, en un fallo mayoritario, decidió a favor del gobierno de Joe Biden y mantuvo las prioridades de deportación fijadas en 2021, enfocadas en aquellos indocumentados que han cometido delitos graves.
Las prioridades de deportación anunciadas por Biden en 2021, poco después de tomar el control de la Casa Blanca, priorizan la seguridad nacional, pública y fronteriza, y se enfocan solo en aquellos extranjeros que tienen antecedentes criminales graves.
Los demandantes habían argumentado que el gobierno violaba la ley al no arrestar y expulsar del país a cualquier extranjero con una orden de deportación vigente.
La sentencia le otorga una importante victoria Biden frente a dos de los estados gobernados por republicanos que se oponen férreamente a la política migratoria del mandatario, basada en la recuperación del debido proceso migratorio y desarticular la política migratoria de ‘tolerancia cero’ del expresidente Donald Trump.
Los demandantes habían argumentado que las prioridades de deportación de Biden, determinadas en base al uso razonable de recursos disponibles, estaban en conflicto con la ley de inmigración. Pero la Corte Suprema dijo que los estados no tenían la “legitimación” o la potestad para demandar.
“El dictamen mantiene la discreción de la fiscalía de implementar ciertos aspectos de la ley de inmigración. El gobierno tiene la discreción de amparar de la deportación a ciertos inmigrantes y no deportarlos inmediatamente, congelar los casos o cerrarlos en la Corte de Inmigración (EOIR)”, dijo Alex Gálvez, un abogado de inmigración que ejerce en Los Ángeles, California.
Importante a considerar a es que “la administración de Biden nunca dijo que no iba a deportar a ningún indocumentado, sino que se enfocó en aquellos que tienen antecedentes criminales que amenazan la seguridad de Estados Unidos y de los estadounidenses”, dijo.
En la opinión de la corte, el juez Kavanaugh escribió que los Estados demandantes (Texas y Louisiana) habían presentado “una demanda extraordinariamente inusual”.
“Quieren que un tribunal federal ordene al Poder Ejecutivo modificar sus políticas de arresto para hacer más arrestos. Los tribunales federales tradicionalmente no han considerado ese tipo de juicio; de hecho, los Estados no citan precedentes de una demanda como esta”, explicó el magistrado.
El juez Neil Gorsuch, junto con los jueces Clarence Thomas y Amy Coney Barrett, escribieron una opinión concurrente en la que concluyeron que los estados también carecían de razonamiento, pero por razones diferentes a la opinión de la mayoría. El juez Samuel Alito que el único de los nueve magistrados que disintió.
En el centro de la batalla jurídica se encontraba un memorando del secretario del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Alejandro Mayorkas, fechado en septiembre de 2021 donde se establecen las prioridades de deportación del gobierno.
Biden solo se enfocó en aquellos con antecedentes criminales graves y que constituyen una amenaza a la seguridad nacional y pública de Estados Unidos, a diferencia del gobierno anterior, que puso en el banquillo de las deportaciones a los 12 millones de indocumentados.
A finales de noviembre del año pasado la Corte Suprema inició la revisión de las prioridades de deportación de Biden. Cuatro meses antes, en julio, el máximo tribunal de justicia no le permitió a la Administración implementar el nuevo protocolo anunciado a finales de septiembre de 2021, pero la decisión fue congelada a nivel nacional hasta que los magistrados revisaran la política.
Las prioridades de Biden reemplazaron a las prioridades dictadas por el expresidente Trump quien, además de criminalizar la estadía indocumentada, otorgó poderes extraordinarios a los agentes de inmigración para deportar, incluso a extranjeros acusados de cometer delitos y cuyos casos no habían sido resueltos por los tribunales de justicia.
Las prioridades de deportación fueron demandadas por Texas y Louisiana quienes alegaban que el gobierno cambió la ley de inmigración sin la autorización del Congreso.
Ken Paxton, entonces fiscal general de Texas, alegó que los extranjeros con una orden de deportación final son criminales que deben ser expulsados del país.
En el escrito presentado a la Corte Suprema, la fiscalía general de Texas señaló que “inicialmente se había requerido que estas categorías de extranjeros criminales peligrosos fueran detenidos” y con ello hacer frente “a las crecientes tasas de actividad criminal por parte de extranjeros».
Texas urgía a la Corte Suprema que ordenara al gobierno “detener a los extranjeros ilegales criminales», incluidos todos aquellos con orden final de deportación.
A finales de septiembre del 2021 Mayorkas reiteró que ser indocumentado en Estados Unidos «no condena» al inmigrante a ser deportado del país.
En el documento, enviado a los jefes de seguridad y fronteras de las distintas agencias bajo su mando, Mayorkas dijo que el hecho de que alguien sea un inmigrante indocumentado «no debería ser el único fundamento» de la decisión de detenerlo y expulsarlo de Estados Unidos.
«Establecemos prioridades de aplicación de la ley de inmigración civil para lograr nuestros objetivos de la manera más efectiva con los recursos que tenemos», se lee en el documento.
Mayorkas escribió que «daremos prioridad a la detención y expulsión de no ciudadanos que sean una amenaza a nuestra seguridad nacional, seguridad pública y seguridad fronteriza». El secretario del Departamento de Seguridad Nacional (DHS en inglés) ha instruido a los agentes de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE en inglés) que no deberían intentar arrestar y deportar a trabajadores agrícolas, ancianos y otras personas que eran vulnerables a la deportación bajo la administración Trump.
El DHS se basó en una severa lista de prioridades de deportación que incluyó a inmigrantes acusados de delitos, incluso si los casos todavía no habían sido resueltos por los tribunales, durante el gobierno de Trump.
Donald Trump también decretó que la presencia indocumentada constituía una amenaza para la seguridad nacional y pública, y otorgó poderes extraordinarios a los agentes de inmigración para deportar indocumentados solo por el hecho de no tener permiso de estadía legal en el país.
En enero el DHS anunció, con efecto inmediato, cuatro categorías de prioridades de deportación, siendo estas:
· Prioridad 1. Seguridad nacional. Un agente de seguridad nacional puede presumir que un no ciudadano es prioridad de deportación si:
o Él o ella ha participado o es sospechoso de participar en actos de terrorismo o relacionados con actividades terroristas;
o Él o ella se ha involucrado o es sospechoso de participar en actividades de espionaje o relacionadas con actividades de espionaje; o
o Su aprehensión, arresto o custodia es necesaria para proteger la seguridad nacional de Estados Unidos.
· Prioridad 2. Seguridad fronteriza. Un agente de seguridad nacional puede presumir que un no ciudadano es prioridad de deportación si:
o Fue detenido en la frontera o en un puerto de entrada mientras intentaba entrar ilegalmente a Estados Unidos a partir del 1 de noviembre de 2020; o
o él o ella no estuvo físicamente presente en Estados Unidos antes del 1 de noviembre de 2020.
· Prioridad 3. Seguridad pública. Un agente de seguridad nacional puede presumir que un no ciudadano es prioridad de deportación si:
o Representa una amenaza para la seguridad pública y;
o Él o ella ha sido condenado por un delito grave según se define en la sección 101 (a) (43) de el INA; o
o Ha sido condenado por un delito por el que estuvo activa participación en una pandilla criminal callejera, como se define en 18 U.S.C. § 521 (a) no menor de 16 años y participó intencionalmente en un crimen organizado pandilla u organización criminal transnacional para promover la actividad ilegal de la pandilla u organización criminal transnacional.
