Una investigación por presunto cohecho y una denuncia por $313.5 millones elevan la presión sobre el gobierno de Nuevo León.
🔎 Qué está pasando
El primer frente surgió alrededor de “Ponte Nuevo” y “Cero Clausuras”. El propio Gobierno de Nuevo León informó que busca institucionalizar Ponte Nuevo y que entre los incentivos para empresas participantes estarían la agilización de trámites y permisos, además del programa Cero Clausuras. Según el gobierno estatal, 106 empresas aportaron más de 350 millones de pesos durante la etapa vinculada al Mundial.
La forma en que se presentó el esquema provocó cuestionamientos políticos. El Congreso de Nuevo León aprobó un exhorto para que García explique montos, empresas participantes, destino de los recursos, criterios, beneficios y reglas de operación.
Código Magenta reportó además que la Fiscalía Anticorrupción abrió una investigación de oficio por posible cohecho contra quien o quienes resulten responsables relacionada con los ofrecimientos a empresarios. La existencia de una investigación no supone que el gobernador haya cometido un delito ni anticipa su resultado.
El gobierno estatal sostiene una interpretación distinta: señala que “Cero Clausuras al que Cumple” busca facilitar la regularización de empresas y que no elimina las facultades de inspección y sanción en asuntos de seguridad, salud, protección civil, medio ambiente y cumplimiento legal.
💰 Segundo frente: $313.5 millones
El municipio de Monterrey, encabezado por Adrián de la Garza, presentó el 26 de agosto una denuncia penal ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción contra quien resulte responsable por la presunta retención ilegal de $313.5 millones.
Monterrey sostiene que se trata de recursos del Fondo de Desarrollo Municipal, aportaciones estatales y dinero relacionado con multas de tránsito cobradas mediante el Instituto de Control Vehicular.
Pero aquí también existe una posición contrapuesta: el Gobierno de Nuevo León niega mantener ese adeudo y ha sostenido que las participaciones han sido entregadas oportunamente.
🗳️ ¿Por qué importa rumbo a 2027?
Porque estos asuntos aparecen mientras sigue abierta la disputa política y jurídica alrededor de los procedimientos de juicio político contra García. El Congreso ya había reactivado expedientes derivados de resoluciones electorales, mientras una suspensión de la Suprema Corte limita por ahora la posibilidad de que el Legislativo llegue a una sanción definitiva que implique separación o inhabilitación.
Por ello, el impacto inmediato puede ser principalmente político: Movimiento Ciudadano necesita llegar a 2027 con capacidad de transferir el capital electoral de su gobierno a quien encabece su candidatura. Una acumulación de investigaciones, denuncias y enfrentamientos institucionales puede convertirse en munición para la oposición, aun cuando los procedimientos todavía no hayan determinado responsabilidades.
