El Departamento de Estado de Estados Unidos anunció que, a partir del 2 de abril, exigirá una fianza de 15 mil dólares a los solicitantes de visas de negocios y turismo (B1 y B2) de 12 países.
La medida afectará a Nicaragua, Camboya, Etiopía, Georgia, Granada, Lesoto, Mauricio, Mongolia, Mozambique, Papúa Nueva Guinea, Seychelles y Túnez.
Según la Administración de Donald Trump, la fianza será devuelta a los beneficiarios que cumplan con las condiciones de su visa y regresen a sus países antes de que esta expire.
En cambio, ese dinero se utilizará para cubrir los costos del proceso de deportación de quienes permanezcan en Estados Unidos más allá del tiempo permitido.
El Departamento de Estado estima que expulsar a un migrante del país cuesta, de media, más de 18 mil dólares, por lo que considera que este sistema permitirá ahorrar a los contribuyentes estadounidenses hasta 800 millones de dólares al año.
Con la inclusión de estos 12 países, ya son 50 los que están sujetos a este requisito: Argelia, Angola, Antigua y Barbuda, Bangladés, Benín, Bután, Botsuana, Burundi, Cabo Verde, Costa de Marfil, Cuba, Yibuti, Dominica, Fiyi, Gabón, Gambia, Guinea, Guinea-Bisáu, Kirguistán, Malaui, Mauritania, Namibia, Nepal, Nigeria, Santo Tomé y Príncipe, Senegal, Tayikistán, Tanzania, Togo, Tonga, Turkmenistán, Tuvalu, Uganda, Vanuatu, Venezuela, Zambia y Zimbabue.
El Gobierno sostiene que este sistema de fianzas es eficaz, ya que, hasta ahora, casi un millar de extranjeros han recibido visas bajo ese programa y el 97 por ciento de ellos regresaron a sus países dentro del plazo establecido.
Esta medida se inscribe en una serie de políticas aplicadas por la Administración de Trump para reducir la llegada de migrantes a Estados Unidos, que incluye también vetos de visas y restricciones al asilo.
