La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) aceptó este miércoles la controversia constitucional promovida por la Cámara de Diputados en contra del acuerdo aprobado por el INE, el cual determinaba posponer temporalmente las actividades de organización de la revocación de mandato debido a falta de presupuesto.
La SCJN determinó que el INE debe ajustarse al presupuesto, el cual es de 1,503 millones de pesos, para llevar a cabo la consulta. Asimismo, señaló que la ejecución del acuerdo del INE pondría “en riesgo el ejercicio oportuno del derecho de la ciudadanía a decidir si revoca o no el mandato”.
