El Gobierno de México abrió la puerta a utilizar la fractura hidráulica, conocida como fracking, para aprovechar yacimientos de gas natural no convencional, aunque bajo nuevas condiciones ambientales destinadas principalmente a reducir el impacto sobre los recursos hídricos.
La presidenta Claudia Sheinbaum señaló este viernes que, de avanzar esta alternativa, se buscaría utilizar agua salada y aguas residuales, en lugar de agua destinada al consumo humano.
El planteamiento representa una evolución importante en la discusión energética del país. En abril, el Gobierno federal creó un comité de científicos y especialistas para estudiar si era posible aprovechar los yacimientos no convencionales mediante tecnologías que redujeran los impactos asociados tradicionalmente con la fractura hidráulica.
El grupo incluye especialistas de instituciones como la UNAM, UAM, IPN, Universidad Autónoma de Nuevo León, Universidad Autónoma de Coahuila, Instituto Mexicano de Tecnología del Agua e Instituto Mexicano del Petróleo, entre otras.
¿Qué condiciones plantea el Gobierno?
Entre las recomendaciones difundidas se encuentra analizar la extracción sin utilizar agua potable y establecer esquemas de reutilización. Uno de los planteamientos contempla reciclar al menos 75% del agua utilizada, además de desarrollar estudios y controles ambientales específicos.
El objetivo energético es disminuir la dependencia mexicana del gas natural importado y fortalecer la producción nacional.
Sin embargo, el planteamiento ya provocó oposición de organizaciones ambientales y comunitarias, que cuestionan tanto los posibles efectos ambientales como la participación de las poblaciones potencialmente afectadas en el proceso de evaluación.
El debate, por tanto, no está cerrado.
La discusión enfrenta dos prioridades de gran importancia para México: por una parte, incrementar la seguridad y soberanía energética; por otra, proteger el agua, los ecosistemas y las comunidades donde eventualmente podrían desarrollarse los proyectos.
Además, la evaluación científica no equivale por sí misma a una autorización general para realizar proyectos de fracking. El Gobierno había señalado desde abril que, después de las recomendaciones de los especialistas, también habría consultas con las comunidades y que la decisión sería colectiva.
El tema probablemente se mantendrá en la agenda nacional por sus implicaciones económicas, energéticas y ambientales.
PautaMx continuará dando seguimiento a las decisiones oficiales y a las posturas de científicos, comunidades y organizaciones ambientales.
