La reciente declaración de la presidenta Claudia Sheinbaum sobre el caso de la senadora Mariela Gutiérrez Escalante ha reavivado la controversia en torno al sacrificio de miles de perros callejeros en el municipio de Tecámac, Estado de México.
El debate surgió luego de que Gutiérrez Escalante reconociera públicamente que, durante su gestión como alcaldesa (2019–2024), se llevó a cabo la eutanasia de aproximadamente 10 mil perros en situación de calle. La legisladora sostuvo que estas acciones se realizaron conforme a la normativa vigente y bajo protocolos sanitarios, argumentando que muchos de los animales se encontraban enfermos o representaban un riesgo para la población.
Ante la polémica, Sheinbaum señaló que, de acuerdo con la legislación actual, dichas prácticas no constituyen una violación a la ley. No obstante, matizó su postura al indicar que el caso evidencia la necesidad de revisar y fortalecer el marco normativo en materia de protección animal.
“Se tiene que revisar la norma”, expresó la mandataria, sugiriendo posibles cambios que limiten o regulen con mayor rigor este tipo de medidas.
Organizaciones defensoras de animales han cuestionado la magnitud de los sacrificios y exigen transparencia sobre los procedimientos utilizados. Activistas señalan que la eutanasia debe ser un recurso excepcional y no una estrategia de control poblacional, además de pedir investigaciones que determinen si se respetaron los criterios de trato digno y métodos humanitarios.
La legislación mexicana permite el sacrificio de animales únicamente en casos específicos, como enfermedades graves, sufrimiento irreversible o riesgos sanitarios, siempre bajo supervisión veterinaria. Sin embargo, el volumen reportado en Tecámac ha encendido alarmas sobre un posible uso indiscriminado de esta práctica.
El caso ha abierto un debate nacional sobre las políticas de control animal, la responsabilidad de las autoridades locales y la urgencia de impulsar alternativas como la esterilización masiva y la adopción responsable.
