La Fiscalía General del Estado de Guanajuato confirmó mediante una ficha de búsqueda la desaparición de José Juan Arias Corona, padre buscador de 39 años, reportado como no localizado desde la mañana del domingo 28 de diciembre en el municipio de Valle de Santiago.
El hombre fue visto por última vez en la colonia Rancho Unidos, pese a que contaba con medidas de protección otorgadas por el Estado y reforzadas por resolución judicial.
De acuerdo con información proporcionada por familiares, Arias Corona fue visto por última vez alrededor de las 10:40 horas, después de dejar a su esposa en su lugar de trabajo.
Desde ese momento se desconoce su paradero, en un contexto de riesgo relacionado con la búsqueda de su hijo.
La desaparición del padre buscador ocurre a más de seis meses la desaparición de su hijo, José Juan Arias Solís, “Juanito”, un adolescente de 15 años desaparecido desde el 19 de junio en Valle de Santiago.
La desaparición del adolescente es investigada como una presunta desaparición forzada.
Familiares sostienen que el menor fue interceptado por elementos de la Guardia Nacional y de la Secretaría de la Defensa Nacional cuando regresaba a su domicilio en la colonia Rancho Unidos, alrededor de las 11:30 horas del 19 de junio.
De acuerdo con testimonios, tras ser retenido, el adolescente fue llevado a un terreno baldío donde presuntamente fue agredido físicamente, antes de ser trasladado a un lugar desconocido y desde entonces, no existe información oficial sobre su paradero.
La familia del joven promovió un juicio de amparo por desaparición forzada, registrado con el folio 762/2025, el cual fue turnado al Juzgado Noveno de Distrito, con sede en Irapuato.
Ante la ausencia de avances y de información pública por parte de la Defensa y la Guardia Nacional, el caso fue llevado a instancias internacionales.
El Comité contra la Desaparición Forzada de la Organización de las Naciones Unidas emitió la Acción Urgente 2121/2025, en la que solicitó al Estado mexicano una búsqueda inmediata, una investigación imparcial y medidas de protección para la familia, tras reportes de intimidación y riesgo.
