La promesa de combatir la corrupción enfrenta una nueva prueba para Morena. Funcionarios, legisladores y figuras vinculadas al partido aparecen en expedientes abiertos por autoridades estadounidenses, aunque las acusaciones todavía deben probarse ante los tribunales.
El caso de mayor alcance surgió el 29 de abril de 2026, cuando la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Nueva York anunció una acusación contra diez funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa.
Entre los señalados se encuentran:
* Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa.
* Enrique Inzunza Cázarez, senador de Morena.
* Juan de Dios Gámez Mendívil, alcalde de Culiacán.
* Enrique Díaz Vega, exsecretario estatal de Administración y Finanzas.
* Mandos y exmandos de corporaciones de seguridad y procuración de justicia.
La acusación sostiene que los funcionarios presuntamente habrían protegido operaciones del Cártel de Sinaloa a cambio de sobornos y respaldo político. También les atribuye una supuesta participación en una conspiración para introducir narcóticos a Estados Unidos.
El propio Departamento de Justicia advierte que los cargos son únicamente acusaciones y que todos los señalados deben considerarse inocentes mientras no se demuestre lo contrario. Rocha Moya e Inzunza han rechazado públicamente los señalamientos.
El segundo expediente involucra a Hilda Araceli Brown Figueredo, exalcaldesa morenista de Playas de Rosarito y posteriormente diputada federal.
En septiembre de 2025, la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro incluyó a Brown entre las personas sancionadas por supuestamente actuar en beneficio de una estructura vinculada con “Los Mayos”.
El Tesoro afirmó que operadores criminales habrían ejercido influencia sobre áreas del Ayuntamiento de Rosarito y que Brown presuntamente colaboró en actividades de extorsión y protección institucional. Las sanciones implicaron el bloqueo de bienes sujetos a jurisdicción estadounidense y restricciones para realizar operaciones con ciudadanos y empresas de ese país.
Estos expedientes no demuestran por sí mismos que Morena, como organización política, participe institucionalmente en actividades ilícitas. Sí revelan, sin embargo, que figuras relevantes surgidas de sus filas enfrentan acusaciones oficiales que ameritan transparencia, investigación y rendición de cuentas.
La pregunta central no es solamente quién aparece señalado, sino qué mecanismos internos existen para investigar a sus militantes, impedir redes de protección y garantizar que el poder político no interfiera con la justicia.
Fuentes principales: acusación del Departamento de Justicia de Estados Unidos y comunicado de sanciones del Departamento del Tesoro.
