La Fiscalía General de la República (FGR) ha integrado una carpeta de investigación por la contratación y adquisición del sistema de espionaje Pegasus en 2014, por la entonces Procuraduría General de la República.
En un comunicado, la FGR precisó mediante un comunicado que la contratación fue hecha por Tomás “Z”, ex titular de la Agencia de Investigación Criminal; Judith Aracely “G”, ex oficial mayor; Vidal “D”, ex titular de la Policía Federal Ministerial; y Rigoberto “G”, ex director de Información sobre Actividades Delictivas, del Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia.
Los delitos imputados son peculado, fraude equiparado, uso indebido de atribuciones y facultades, y asociación delictuosa.
En su comunicado, la FGR detalló que el monto de la operación fue de 460 millones de pesos, y aseguró que este sistema “no lo tiene esta nueva Administración; que nunca lo ha usado la Fiscalía General de la República, y que fue adquirido ilícitamente”.
Añadió que la Fiscalía Especializada de Asuntos Internos (FEAI) ha solicitado en tres ocasiones la celebración de la audiencia inicial ante el Centro de Justicia Penal Federal de la Ciudad de México, y se está en espera de su respuesta.
“Esta investigación es independiente de la ya judicializada por la FGR, en razón de diversas intervenciones ilegales que Pegasus realizó en la administración pasada y de las que se cuenta con vinculaciones a proceso, de lo cual se ha informado oportunamente”, agregó la FGR en su comunicado.
Recordemos que Tomás Zerón fungió como titular de la Agencia de Investigación Criminal de la extinta Procuraduría General de la República, y ahora es buscado por el gobierno de México por casos de tortura en la desaparición de 43 estudiantes de Ayotzinapa.
Las autoridades mexicanas y los familiares de los estudiantes desaparecidos acusan a Zerón de “sembrar” pruebas para respaldar la primera versión oficial de que los normalistas fueron quemados y sus restos arrojados a un río en 2014.
El 23 de abril de 2021, la FGR giró una nueva orden de aprehensión contra el extitular de la AIC, por los probables delitos de desaparición forzada de personas, tortura y coalición de servidores públicos.
