Diversas organizaciones defensoras de los derechos de los migrantes exigieron al Gobierno de Estados Unidos el retorno inmediato de Jessica Treviño Villegas, una mexicana que fue deportada a pesar de contar con un permiso migratorio vigente, situación que ha provocado críticas y el inicio de acciones legales.
De acuerdo con activistas, Treviño Villegas era beneficiaria del programa DACA (Acción Diferida para los Llegados en la Infancia), lo que le permitía residir y trabajar legalmente en territorio estadounidense. Sin embargo, fue expulsada a México tras un operativo migratorio, hecho que califican como una violación a sus derechos.
Las organizaciones presentaron recursos legales y solicitaron a una corte federal que ordene su regreso a Estados Unidos, argumentando que la deportación fue indebida y separó a la joven de su familia y de su vida en ese país. También pidieron una revisión del procedimiento seguido por las autoridades migratorias.
El caso ha reavivado el debate sobre la política migratoria estadounidense y el trato que reciben personas con protecciones legales temporales, especialmente en medio del endurecimiento de las medidas de control migratorio impulsadas en los últimos meses. Organizaciones civiles sostienen que este tipo de acciones generan incertidumbre entre miles de beneficiarios de programas como DACA.
