La administración del presidente Donald Trump dio un nuevo paso para restringir el acceso de menores a tratamientos relacionados con la transición de género en Estados Unidos, al anunciar que los programas federales Medicaid y CHIP dejarán de cubrir determinados servicios de atención de afirmación de género.
La nueva disposición impedirá que los estados utilicen fondos federales de Medicaid para financiar tratamientos como terapias hormonales, bloqueadores de la pubertad y cirugías de transición dirigidas a menores. La medida comenzará a aplicarse el próximo 13 de octubre de 2026, mientras que algunos tratamientos hormonales contarán con un periodo de transición de seis meses.
La política forma parte de una serie de acciones impulsadas por Trump desde su regreso a la Casa Blanca, con las que su gobierno busca limitar el financiamiento público de tratamientos de transición para personas menores de edad.
El gobierno estadounidense sostiene que estas intervenciones pueden ocasionar consecuencias físicas irreversibles y ha defendido la decisión como una medida para proteger a los menores. Trump ha respaldado públicamente la restricción y ha cuestionado que los recursos federales sean utilizados para financiar este tipo de tratamientos.
La nueva normativa, sin embargo, ha generado críticas entre organizaciones defensoras de los derechos de las personas trans y grupos médicos, que consideran que la decisión puede limitar el acceso de jóvenes a tratamientos que, en determinados casos, son considerados parte de su atención médica. También se anticipan nuevos desafíos legales contra la medida.
Aunque el gobierno federal retirará su participación financiera, los estados todavía podrían utilizar recursos propios para mantener la cobertura de algunos de estos servicios dentro de sus programas de salud, por lo que el impacto podría variar dependiendo del estado.
La decisión se suma a las restricciones que la administración Trump ha impulsado desde 2025 para limitar la atención de afirmación de género en menores y representa una nueva disputa entre el gobierno federal, los estados y organizaciones que defienden el acceso a estos servicios.
