Petróleos Mexicanos (Pemex) mantiene en la opacidad la información clave sobre su filial Gas Bienestar, a pesar de que esta opera con recursos públicos, utiliza infraestructura federal y fue presentada como un programa social del gobierno para “democratizar” el precio del gas LP.
La empresa estatal ha optado por no transparentar el uso de los fondos ni los resultados de este proyecto. En respuesta a una solicitud de transparencia, Pemex se negó a revelar datos fundamentales sobre la gestión y el desempeño financiero de Gas Bienestar.
La información que la compañía ha decidido ocultar incluye el monto total de dinero público invertido en la filial, su presupuesto anual, el número de empleados que laboran en ella y si la empresa registra pérdidas o ganancias. Esta falta de transparencia impide conocer la viabilidad y el impacto real del programa.
Pemex argumenta que la divulgación de estos datos expondría “información patrimonial, financiera, comercial y fiscal”, lo que podría afectar sus ventajas competitivas en el mercado. La paraestatal sostiene que, al ser una filial de derecho privado, Gas Bienestar no está sujeta a la Ley General de Transparencia, aunque es financiada con recursos del Estado y supervisada por el Gobierno federal. Esta postura clasifica como confidencial la información de una empresa que opera en un mercado regulado y que fue concebida como un beneficio social para la población.
