La nueva ley migratoria de Florida SB 1718 , promulgada por el gobernador republicano Ron DeSantis, el 10 de mayo, incluye una larga lista de castigos, tanto a extranjeros indocumentados que ingresan al estado como a ciudadanos y residentes familiares que viven en él y los transporten (desde otros estados) a sabiendas de que se trata de personas que no tienen autorización para permanecer en Estados Unidos.
Las severas regulaciones no sólo han provocado miedo en los condados sino que, desde la firma del polémico proyecto, convirtieron a Florida en el estado con la ley migratoria más dura del país.
La nueva legislación entra en vigor el 1 de julio, con excepción de las auditorías a las empresas por la utilización del programa federal E-Verify, que comenzarán a mediados del 2024.
Las organizaciones que defienden los derechos de los inmigrantes elaboran desde abril campañas de aprendizaje y consejos para los inmigrantes y sus familias, “tengan o no estatus legal de permanencia en Estados Unidos”, advirtió Anne Janet Hernández Anderson, abogada principal del Southern Poverty Law Center (SPLC). “Los ciudadanos estadounidenses y residentes legales permanentes también se verán afectados”, alertó.
En la sección relacionada con sanciones al tráfico y/o contrabando humano, la ley establece sanciones penales para “la persona que, a sabiendas y deliberadamente, transporte a este estado a una persona que sabe, o debería saber razonablemente, que ha entrado a Estados Unidos en violación de la ley y que no ha sido inspeccionada por el gobierno federal desde su ingreso o entrada ilegal».
“Esta ley asusta enormemente”, dice Hernández Anderson. “Porque había una primera versión que existió en marzo y que confundió a las personas. Ese texto sancionaba el transporte de indocumentados dentro del estado. Pero la versión final aprobada por la Asamblea Estatal y promulgada por el gobernador DeSantis es distinta: castiga el transporte de indocumentados hacia el estado”, explicó.
La abogada marca una diferencia este punto; en: “La nueva legislación tiene que ver, o con la persona que viaja como pasajero, o quien maneja o conduce un vehículo donde viaja un pasajero indocumentado. Hay que conocer ambos escenarios. Si bien la ley se dirige puntualmente al que transporta, el indocumentado también puede verde directamente afectado”, precisó.
La policía, sobre todo en jurisdicciones donde existen acuerdos bajo la Sección 287(g) de la Ley de Inmigración vigentes, puede entregar al extranjero sin papeles a la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) para que le inicien un proceso de deportación de Estados Unidos.
La ley SB 1718 tipifica como «delito grave de tercer grado por una primera infracción (de transportar al estado a sabiendas a una persona indocumentada) y una infracción separada para cada individuo que la persona transporte a Florida”, se lee en la legislación.
También indica que se convertirá en un delito grave de segundo grado “para la persona que comete cinco o más delitos separados” o en delito grave de segundo grado “para una persona con una condena anterior en virtud de esta sección que comete una infracción posterior (es decir, una reincidencia)”.
La ley agrega el tráfico o contrabando de personas a la lista de “delitos” que pueden considerarse como ‘actividades de extorsión’, que en Florida se considera como un “delito grave de primer grado punible con hasta 30 años de prisión y una multa de $10,000”.
“Una acusación por contrabando humano significa que enfrentará un caso criminal”, advierte José Guerrero, un abogado de inmigración que ejerce en Miami, Florida. “Cuando la ley entre en vigor el 1 de julio, si usted comete una de las faltas señaladas en la SB 1718, como transportar a sabiendas a un indocumentado al estado, usted puede enfrentar cargos criminales. Y, si lo detienen, tendrá que buscar la representación de un abogado criminalista para defenderse de esos cargos criminales en su contra. Será una situación compleja”, advirtió.
