El ataque con explosivos a agentes de la Fiscalía de Jalisco y de la Comisaría de Tlajomulco de Zúñiga dejó un saldo de seis personas fallecidas, entre ellos, tres de la corporación estatal, uno de la municipal y dos civiles que todavía no han sido reconocidos por sus familias.
El fiscal Luis Joaquín Méndez, confirmó ayer que la agresión fue con al menos siete explosivos que estaban enterrados en la zona en la que los uniformados circulaban. Hubo un octavo que no detonó y posteriormente fue desactivado por un grupo antibombas.
Las autoridades agregaron que la cifra de lesionados por este hecho ascendió a 14: dos policías y 12 civiles, entre los cuales hay tres menores de nueve, 13 y 14 años de edad, respectivamente, que se reportan fuera de peligro. Sin embargo no han precisado qué hacían los ciudadanos en el punto del atentado.
Para Nancy Angélica Canjura, investigadora de la asociación Causa en Común, que el crimen organizado use explosivos contra las fuerzas de seguridad es un paso más en la escalada de violencia que se vive en el país.
“Es una especie de descaro, donde muestran que no tienen límites, que su nivel de confrontación es extremo. Es necesario que exista una respuesta contundente por parte del Estado mexicano”, señaló la especialista.
Por su parte el gobernador de Jalisco reconoció que diversos sectores de la sociedad y autoridades de los tres niveles de Gobierno hayan cerrado filas ante la tragedia.
Luego de que el gobernador de Jalisco y el fiscal estatal, Luis Joaquín Méndez, dieran a conocer que, ante los hechos ocurridos la noche del martes donde murieron cuatro policías y dos civiles, y dejaron 14 personas lesionadas, se pausarán las búsquedas de personas en campo a partir de reportes anónimos, el colectivo Madres Buscadoras de Jalisco informó que no suspenderán las brigadas de búsqueda de personas desaparecidas en Jalisco.
La integrante del colectivo de búsqueda, Indira Navarro acusó que no han recibido apoyo por parte de las autoridades estatales en las búsquedas de indicios de personas desaparecidas. “No vamos a parar las búsquedas porque al gobernador no le cuesta, porque lo hacemos todo de manera independiente y con nuestros propios recursos. No se vale que sea una estrategia para prohibir porque él está violando los derechos de los desaparecidos y está violando los derechos de los familiares para prohibir salir a buscar”.
El gobernador aseguró que personal de la Fiscalía acudió cerca de la cabecera municipal de Tlajomulco el martes pasado para atender un presunto reporte de restos humanos localizados por un colectivo de búsqueda, situación que las Madres Buscadoras negaron, ya que aclararon que no recibieron ningún tipo de reporte similar. “Negamos rotundamente que tenga algo que ver con nosotros, negamos que las personas involucradas sean parte de nuestro colectivo o de otro compañero. Jamás recibimos esa llamada y nunca salimos de noche al campo. Es ilógica su estrategia de amedrentar a las madres que sólo buscan regresar a su familiar a casa. Jamás hemos recibido algún tipo de amenaza de cárteles ni intimidación”.
Ante el argumento del Gobernador del estado de suspender las búsquedas por el riesgo que implica para los colectivos, Indira Navarro exigió protección y acompañamiento en las brigadas que realizan las Madres Buscadoras.
“No se trata de dejar de trabajar. Es más que evidente que lo que sucedió aquí fue una trampa para los compañeros. Ellos fueron los que recibieron el ataque, pero podría haber sido algún colectivo, madres buscadoras, nosotros, ustedes. Es lo que estamos tratando de evitar, por lo tanto, les pedimos comprensión. También les pedimos respeto a las familias”, dijo, por su parte, el fiscal del Estado, Luis Joaquín Méndez, respecto a la decisión.
Ceci Patricia Flores, fundadora de las Madres Buscadoras de Sonora, respaldó la decisión de sus similares de Jalisco y criticó también la falta de acompañamiento de las autoridades estatales.
