El Departamento de Justicia de EE.UU. (DOJ, en inglés) anunció este lunes que busca revocar la ciudadanía estadounidense a la hija de un importante narcotraficante colombiano, que heredó su dinero tras su fallecimiento, y se naturalizó en 2009.
Andrea Marroquín, de 44 años, hace parte de los 17 estadounidenses naturalizados a los que el Gobierno del presidente Donald Trump ha acusado recientemente de cometer fraude durante su proceso migratorio.
En un comunicado, la fiscalía estadounidense dijo que la mujer, también identificada como Andrea Johana Marroquín Rubiano, obtuvo la residencia permanente en Estados Unidos ocultando su matrimonio bígamo con un ciudadano estadounidense.
Además, entre 2003 y 2011, la colombiana supuestamente participó en una conspiración para cometer fraude electrónico y bancario, así como lavado de dinero, utilizando los fondos procedentes del narcotráfico de su difunto padre para financiar transacciones inmobiliarias fraudulentas en Miami, Florida.
Marroquín obtuvo la ciudadanía estadounidense por naturalización en 2009 tras ocultar sus delitos, afirmó el DOJ en un comunicado.
Estados Unidos ha presentado cuatro demandas contra la inmigrante naturalizada para revocar su ciudadanía, alegando, entre otras cosas, que mintió deliberadamente a las autoridades de inmigración y que carecía de la buena conducta moral necesaria para convertirse en ciudadana estadounidense.
En la demanda contra Marroquín, la justicia estadounidense no ha citado el nombre del padre de la acusada.
Sin embargo, sí ha aportado datos citando una audiencia por cargos de lavado de dinero y fraude bancario en el que se alegó que el padre de la acusada “era un conocido capo de la droga colombiano” que fue asesinado en 1998 o 1999.
“La acusada heredó las ganancias del narcotráfico de su padre, que ascendían a decenas de millones de dólares”, según la transcripción.
Además, la justicia estadounidense asegura que el tío de Marroquín, con quien mantenía una estrecha relación, también era un importante narcotraficante, quien fue condenado por fraude hipotecario varios años antes en una corte federal de Florida.
El DOJ también ha acusado a otros 16 naturalizados, entre los que se cuentan inmigrantes de Cuba, México, Jamaica, India, China y Filipinas.
“Cuando extranjeros con antecedentes penales se aprovechan del proceso de naturalización infringiendo la ley, hay consecuencias”, declaró el fiscal interino Todd Blanche en un comunicado.
Añadió que, bajo el liderazgo firme del presidente Donald Trump, el Departamento de Justicia mantiene “una política de tolerancia cero” ante el abuso del proceso de ciudadanía.
En caso de que prosperen estos procedimientos, las personas afectadas regresarán a su estatus migratorio previo y perderían todos los derechos asociados a la ciudadanía estadounidense, incluida la protección frente a la deportación.
