En la presentación de la medida, el secretario de Comercio, Howard Lutnick, dijo que la idea de este cobro es que las grandes empresas tecnológicas y otras grandes compañías “dejen de capacitar” a trabajadores extranjeros y favorezcan a los estadounidenses.
Sin embargo, el abogado Jeff Joseph, presidente de AILA, advirtió este lunes en una conferencia de prensa que “la realidad” es que el número de empleadores que dependen de la innovación de la visa H1-B es mucho mayor que el de las empresas tecnológicas.
“Hablamos de hospitales, universidades, médicos y dentistas rurales, energías renovables, petróleo y gas, manufactura, ingeniería, clero, finanzas, infraestructura, arquitectura, abogados, contadores públicos, transporte, que se verán afectados”, ahondó el abogado.
Joseph añadió que las pequeñas empresas y organizaciones sin fines de lucro que necesitan a estos trabajadores serán los más afectados al no poder pagar el coste por las visas H1B.
“Al final, los verdaderos perdedores en esta situación no son aquellos a quienes el gobierno apunta”, indicó.
Shev Dalal-Dheini, directora de Relaciones Gubernamentales de AILA, criticó la medida presentada por Lutnick que, en su opinión, fue diseñada “para crear el mayor caos posible”.
Los abogados expresaron frustración por la poca información que la Casa Blanca ha dado sobre el cobro que afecta solo a los nuevos peticionarios y sobre quiénes podrían estar exentos.
“No sabemos cómo se paga la tarifa de 100.000 dólares, aunque la proclamación ya está en vigor, y no sabemos qué quieren decir con nueva petición”, señaló Dalal-Dheini.
El Congreso de EE.UU. estableció un límite de 65 mil visas H-1B al año y 20 mil adicionales reservadas para beneficiarios con un título de maestría estadounidense o superior.
Este lunes se filtró a la prensa que la Casa Blanca estaría considerando eximir del cobro a los médicos a los que se les otorgue el visado H-1B, según información citada por Bloomberg.
