Una mujer de Guatemala que fue separada en la frontera entre México y Estados Unidos, de sus hijas Mildred (9) y Wendy (16) en diciembre de 2017, deportada sola a su país de origen y en 2021 recibió una visa para reunirse con la más pequeña, ahora de 14, una batalla que ahora se lleva a cabo en un complejo sistema cuya última palabra no la tiene el gobierno federal, sino un juez de una corte de California.
Este es el caso de la inmigrante Magdalena Hernández Pérez, una de las más de 5,000 familias golpeadas por la política de ‘tolerancia cero’ del gobierno de Donald Trump quien interpuso cargos criminales a quienes venían en busca de asilo por entrar ilegalmente al país y, que además eran separados de sus hijos. La mujer vive y trabaja en Nashville, Tennessee, y sigue con su batalla judicial por ahora con futuro incierto.
Documentos judiciales de la corte de distrito sur de California, en San Diego, revelaron en el segundo semestre de 2018 que las separaciones forzadas ordenadas por el entonces fiscal general Jeff Sessions entre mayo y junio de ese año afectaron a 2,654 menores. Pero un informe interno del DHS reveló meses después que las separaciones forzadas comenzaron varios meses antes y afectaron a miles de familias cuyo número total se desconoce.
Destaca que en enero de 2019 una cadena de televisión publicó un reporte titulado ‘Terror en la Frontera’ donde reveló que la política de separaciones forzadas durante el gobierno de Trump inició en abril de 2017 tras un memorando enviado por Sessions a los fiscales estatales ordenándoles que iniciaran el proceso de levantar cargos criminales a los extranjeros que ingresaran sin autorización al país, sin tener en cuenta si venían en busca de asilo.
Al proceder a levantar cargos criminales, la ley permitió al DHS separarlos de sus hijos mientras el acusado encaraba el juicio. Una vez resuelto el caso criminal, entonces el padre podía recuperar la custodia del menor. Pero el gobierno no diseñó un protocolo adecuado para garantizar la reunificación.
Sin embargo; Hernández Pérez recibió una visa autorizada por el gobierno de Joe Biden para volver a Estados Unidos en 2022 y poder reunirse con su hija Mildred, más de cinco años después “de que fueran separados por agentes de la Patrulla Fronteriza” en la frontera con México. Pero la pregunta de un juez se cierne sobre su futuro: ¿Es Magdalena la persona adecuada para criar a su hija?
Por su parte la inmigrante argumenta que se encuentra legalmente con una visa otorgada en el marco de un programa de reunificación iniciado en febrero por el gobierno de Biden y que tiene permiso para trabajar legalmente otorgado por la Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración (USCIS).
Ella ha prometido durante el proceso que puede cuidar de su pequeña, pero a pesar de las explicaciones a la corte, la niña sigue estando con su familia de acogida.
Cuando a los padres les levantaron cargos criminales en la frontera, los hijos menores fueron entregados a familiares que residían en Estados Unidos. Quienes no tenían familiares fueron enviados al cuidado del Departamento de Salud y Recursos Humanos (HHS) quienes posteriormente los refirieron a la Oficina de Reasentamiento de Refugiados (ORR) y estos, a su vez, los remitieron a hogares sustitutos de crianza.
La pequeña Mildred fue separada de su madre cuando tenía 9 años, en el mes de diciembre de 2017, en un centro de detención de inmigrantes en Arizona. Estaban entre las primeras familias de inmigrantes en ser separadas por el gobierno de Trump mientras buscaban asilo en la frontera, un recurso legal disponible autorizado por el Congreso.
Sin embargo; el programa de reunificaciones lanzado por Biden, en febrero de 2021, ha logrado a la fecha reunificar más de 1,500 familias y otras 500 o 600 están en proceso de ser reunificadas.
Pero debido a casos como el de Hernández, los procesos no han sido completados y tampoco se ha logrado establecer con certeza cuántas familias en total fueron separadas, cuántos padres fueron deportados solos y dónde se encuentra ahora quienes fueron expulsados bajo este programa considerado ilegal por los tribunales de justicia.
