El plan de alivio de la deuda estudiantil por más de $400,000 millones del presidente Joe Biden, fue anulada por la Corte Suprema de Justicia, una decisión que era ampliamente esperada por millones de personas, especialmente para quienes deberán retomar los pagos de estos préstamos en agosto.
La votación se produjo en bloques ideológicos, con los 6 magistrados conservadores en la mayoría, incluyendo al presidente del tribunal y ponente de uno de los casos involucrados, John Roberts, y el disenso de las 3 liberales.
Joe Biden había puesto en marcha el plan de alivio en 2022, argumentando que una ley de 2003 conocida como HEROES Act dio al secretario de Educación autoridad para eximir o modificar la ayuda estudiantil en tiempos de guerra o emergencias nacionales. Cuando Biden firmó la orden ejecutiva, Estados Unidos estaba todavía en emergencia por la pandemia del covid-19.
«La autoridad para ‘modificar’ estatutos y reglamentos le permite al Secretario (de Educación) hacer ajustes modestos y adiciones a los reglamentos existentes, no transformarlos», escribió Roberts en su decisión.
Que Joe Biden se excedió en su autoridad al emitir una orden ejecutiva para perdonar parte de la deuda estudiantil y que seis estados tenían (como lo hicieron) derecho a desafiar este decreto en los tribunales.
“El Secretario afirma que la Ley HEROES le otorga la autoridad para cancelar $430 mil millones de capital de préstamos estudiantiles. No es así”, escribió Roberts.
“Sostenemos hoy que la Ley permite al Secretario ‘renunciar o modificar’ las disposiciones legales o reglamentarias existentes aplicables a los programas de asistencia financiera en virtud de la Ley de Educación, no reescribir ese estatuto desde cero”.
Al expresar su opinión disidente, la magistrada Elena Kagan afirmó que «la primera extralimitación de la corte es decidirlo en absoluto», porque considera que los estados demandantes no tenían derecho a hacerlo porque no se ven afectados por la decisión presidencial.
Que el presidente Biden se excedió en su autoridad al emitir una orden ejecutiva para perdonar parte de la deuda estudiantil y que seis estados tenían (como lo hicieron) derecho a desafiar este decreto en los tribunales.
“El Secretario afirma que la Ley HEROES le otorga la autoridad para cancelar $430 mil millones de capital de préstamos estudiantiles. No es así”, escribió Roberts.
“Sostenemos hoy que la Ley permite al Secretario ‘renunciar o modificar’ las disposiciones legales o reglamentarias existentes aplicables a los programas de asistencia financiera en virtud de la Ley de Educación, no reescribir ese estatuto desde cero”.
Al expresar su opinión disidente, la magistrada Elena Kagan afirmó que «la primera extralimitación de la corte es decidirlo en absoluto», porque considera que los estados demandantes no tenían derecho a hacerlo porque no se ven afectados por la decisión presidencial.
«Los demandantes en este caso son seis estados que no tienen participación personal en el plan de condonación de préstamos del Secretario (de Educación). Son demandantes ideológicos clásicos: piensan que el plan es una muy mala idea, pero no están peor porque el Secretario difiere», escribe Kagan.
Esta era una de las acciones ejecutivas más costosas de la historia de Estados Unidos, al borrar deuda estudiantil por unos $430,000 millones a cerca de 40 millones de personas.
- El plan habría perdonado hasta $10,000 de la deuda en préstamos estudiantiles (de universidad o estudios de posgrado) de las personas con ingresos por debajo de los $125,000 anuales.
- Para las personas que recibieron una beca Pell, que se da a las familias con ingresos bajos, el alivio hubiese sido de hasta $20,000.
Expertos en derecho habían anticipado esta decisión desde que los jueces de la Corte Suprema escucharon los argumentos de ambas partes en febrero pasado.
- El máximo tribunal tiene una mayoría conservadora 6-3 y, en momentos previos de la administración Biden, había decidido sobre políticas del mandatario con una mirada reticente hacia esas acciones de amplio alcance a las que el Congreso no ha dado una autorización clara, según un análisis de la agencia Reuters.
- Durante la audiencia, Roberts afirmó que medidas que cuesten mucho dinero y generan controversia política deberían ser algo «sobre lo que actúe el Congreso». «Y si no ha actuado al respecto, entonces sería una buena lección para decir al presidente o a la burocracia administrativa, que tal vez no es algo que deban tomar en sus manos por su cuenta».
En su escrito de disidencia, Kagan acusa a la mayoría de la corte de usurpar el papel del Congreso y el Poder Ejecutivo en la formulación de políticas.
